Decreto Nº 2015/94 - Las cooperativas de trabajo no pueden prestar servicios a terceros a través de su fuerza laboral

    Establécese que el I.N.A.C. no autorizará el funcionamiento de Cooperativas de Trabajo que prevean la contratación de los servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados.


     Buenos Aires, 16 de noviembre de 1994


     VISTO la Ley 20.337, y


     CONSIDERANDO:

    Que la citada ley norma la constitución y funcionamiento de las sociedades cooperativas. 

     Que el INSTITUTO NACIONAL DE ACCIÓN COOPERATIVA, organismo dependiente de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS en su carácter de Autoridad de Aplicación, es el organismo encargado de autorizar y cancelar el funcionamiento de estas sociedades en todo el territorio de la Nación.

     Que en los últimos años han proliferado cooperativas de trabajo, que en violación del fin de ayuda mutua y esfuerzo propio, principios rectores de su naturaleza, actúan en la práctica como agencias de colocaciones, limpieza, seguridad, distribución de correspondencia o empresa de servicios eventuales.

     Que por lo tanto, un tipo asociativo basado en valores trascendentes de solidaridad, es así desvirtuado para aprovechar su estructura formal, situación ésta que permite obtener ventajas impositivas, eludiendo además las obligaciones para con la Seguridad Social generándose una evidente competencia desleal respecto de las empresas comerciales que brindan servicios similares.

     Que por lo expuesto, se torna necesario limitar la autorización para funcionar a las cooperativas de trabajo que tengan por fin exclusivo la obtención de un logro comunitario, mediante el servicio personal en provecho o en beneficio de sus socios; impidiendo al INSTITUTO NACIONAL DE ACCIÓN COOPERATIVA, organismo dependiente de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, el registro de aquellas sociedades que suministran mano de obra a terceros.

     Que en consideración a la situación descripta en el tercer y cuarto considerando, resulta imperioso que la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA DEL TRABAJO, dependiente de la SECRETARÍA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL y la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, dependiente de la SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, procedan a verificar en el marco de sus respectivas competencias, la existencia de fraude laboral y/o evasión de los recursos de la Seguridad Social, en todas las cooperativas de trabajo, dando intervención a la autoridad de aplicación de la Ley 20.337 de constatarse tales extremos.

     Que a los efectos de lo dispuesto en el considerando anterior, el INSTITUTO NACIONAL DE ACCIÓN COOPERATIVA organismo dependiente de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, deberá suministrar a los precitados organismos la nómina de cooperativas de trabajo que continúen en actividad.

     Que la presente medida encuadra en las facultades otorgadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, por el artículo 99 incisos 1) y 2) de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

     Por ello,

     EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN

     DECRETA:

     ARTÍCULO 1º.- EL INSTITUTO NACIONAL DE ACCIÓN COOPERATIVA, organismo dependiente de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS de conformidad con las facultades que le otorga el artículo 106 de la Ley 20.337 no autorizará, a partir de la publicación del presente Decreto, el funcionamiento de cooperativas de trabajo que, para el cumplimiento de su objetivo social, prevean la contratación de los servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados.

     ARTÍCULO 2º.- La DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVO dependiente de la SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS y la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA DEL TRABAJO, dependiente de la SECRETARÍA DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, en el ámbito de sus respectivas competencias, procederán a verificar la existencia de fraude laboral y/o evasión de los recursos de Seguridad Social, en aquellas cooperativas que se encuentren en actividad, de conformidad con la información que deberá suministrar el INSTITUTO NACIONAL DE ACCIÓN COOPERATIVA, organismo dependiente de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos contados a partir de la publicación del presente Decreto.

     ARTÍCULO 3º.- Las direcciones mencionadas en el artículo anterior, labradas las actuaciones de las que surja la existencia de fraude laboral y/o evasión a los recursos de la Seguridad Social, remitirán copia certificada de las mismas y su respectivo informe al INSTITUTO NACIONAL DE ACCIÓN COOPERATIVA, organismo dependiente de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos de haberse producido la constatación pertinente, quien actuará de acuerdo a las facultades y atribuciones que le otorga la Ley 20.337.

     ARTÍCULO 4º.- De forma.

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