Buenos Aires, 30 de septiembre de 2016
VISTO,
el Expediente N° 1929/16 del registro del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social es el Organismo que ejerce en el ámbito nacional las funciones que le competen como autoridad de aplicación del régimen legal que regula el funcionamiento de las mutuales y las cooperativas establecido por las Leyes Nros. 19.331, 20.321 y 20.337, sus modificatorias y complementarias, entre las que se encuentra el ejercicio del control público.
Que asimismo, la Ley Nº 25.246 prevé, entre los sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, a las cooperativas, mutuales, así como al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
Que en tal sentido la Resolución N° 11/2012 de la Unidad de Información Financiera estableció las medidas y los procedimientos que los sujetos obligados, a los que se dirige la citada resolución, cooperativas que presten el servicio de crédito, mutuales que brinden el de ayuda económica y el de gestión de préstamos en ambas, deben observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.
Que a su vez, la Resolución N° 12/2012 de la Unidad de Información Financiera establece las medidas y procedimientos que debe observar este Instituto como sujeto obligado, ante las mutuales y cooperativas reguladas por las Leyes 20.321 y 20.337, respectivamente, e incluidas en la Resolución UIF Nº 11/2.012.
Que en función de lo establecido en la normativa citada precedentemente se dictaron las Resoluciones Nros. 5.586/12 y 5.588/12, a través de las cuales se estableció la información adicional que las entidades que revisten en el carácter de sujetos obligados deben presentar ante este Instituto a través de un sistema de transmisión electrónica.
Que, asimismo, la Resolución 3.371/2009 INAES, estableció la obligatoriedad de mantener el domicilio actualizado, tanto para cooperativas como para mutuales.
Que con motivo de diversas acciones de fiscalización ejecutadas por este Organismo, se ha verificado, en algunos casos, la realización de una operatoria que, bajo la modalidad de prestar servicio de crédito o de ayuda económica y/o de gestión de préstamos, realizan operaciones no contempladas en el objeto previsto al autorizar su constitución o bien, al aprobar el reglamento de un servicio de esta naturaleza y que podrían constituir un riesgo en materia de prevención y control, no sólo de la entidad en cuestión, sino del sistema cooperativo y mutual en general.
Que, por otra parte, en algunos casos esta autoridad de aplicación no ha podido realizar las verificaciones encomendadas, por no encontrarse la entidad en el domicilio denunciado.
Que en ese sentido, se ha intentado convocar a las autoridades a efectos de que procedan a regularizar su situación, sin haber obtenido, en ocasiones, resultados satisfactorios.
Que en consecuencia, resulta necesario adoptar medidas en forma inmediata, ante la detección de situaciones como las mencionadas en los considerandos precedentes, con el objeto de preservar el correcto funcionamiento del sistema cooperativo y mutual, aplicando las acciones y medidas preventivas que correspondan a quienes, constituyendo una minoría, ponen en riesgo el prestigio, la misión y los objetivos solidarios de estas entidades; desnaturalizando la figura jurídica adoptada.
Que siendo este Organismo la autoridad de aplicación del régimen legal aplicable a cooperativas y mutuales, en orden a las misiones y funciones asignadas por las Leyes 19.331, 20.321, 20.337 y el Decreto Nº 721/00, concurren razones de interés público para disponer medidas y acciones preventivas de abstención o suspensión de operatorias en la prestación del servicio de crédito en cooperativas, ayuda económica en mutuales y gestión de préstamos en ambas, cuando se observen operaciones no autorizadas o riesgosas en cuanto a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y/o en los casos en los que no se cumplimente el régimen informativo vigente y no resulte factible asegurar su cumplimiento, con el objeto de preservar un sistema genuino de crédito y/o ayuda económica.
Que asimismo y a los fines antes indicados resulta conveniente establecer un procedimiento sumarial abreviado, concordantemente con las verificaciones ya efectuadas por este Instituto y lo establecido en la normativa citada.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 7º inciso d) de la Ley 19.549, el Servicio Jurídico Permanente ha emitido opinión.
Por ello, en atención a lo establecido en las Leyes Nº 19.331, 20.321, 20.337, Decretos Nº 420/96, 723/96, 721/00 y 1192/02 y en la Resolución Nº 104/2010 y sus modificatorias de la Unidad de Información Financiera.
El Directorio del
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social podrá disponer medidas y acciones preventivas de abstención o suspensión de operatorias en la prestación del servicio de crédito en cooperativas, de ayuda económica en mutuales y de gestión de préstamos en ambas, en aquellas entidades en las que, como consecuencia del ejercicio de sus funciones propias de fiscalización y control, observe la concurrencia, conjunta o alternativamente, de alguna de las siguientes circunstancias:
a) operaciones no autorizadas o riesgosas en cuanto a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, con el objeto de preservar un sistema genuino de crédito cooperativo y/o ayuda económica mutual.
b) incumplimiento del régimen informativo vigente y no resulte factible realizar las intimaciones pertinentes, ni fiscalización in situ por no encontrarse actualizado, ante este Instituto, el domicilio de la mutual o cooperativa.
c) impedimento al ejercicio de la fiscalización pública de las entidades por denegatoria, entorpecimiento u obstrucción de las supervisiones.
ARTÍCULO 2°.- Las medidas y acciones mencionadas en el Artículo 1º serán dispuestas por resolución del Directorio. A ese efecto la Secretaría de Contralor confeccionará un informe debidamente fundado, en el cual solicitará la suspensión de la operatoria no autorizada o riesgosa.
En dicho informe dejará claramente establecido la importancia y concordancia de las situaciones de hecho que llevan a aconsejar tal medida y el riesgo que conllevaría para la entidad y para terceros, el no disponer con la urgencia del caso la interrupción de la operatoria de que se trata.
ARTÍCULO 3°.- En el acto administrativo en el que se disponga la suspensión de la operatoria de crédito, ayuda económica mutual y/o gestión de préstamos se ordenará la apertura de un procedimiento sumarial abreviado, en los términos contemplados en el Anexo I de la presente resolución.
ARTICULO 4º.- Las medidas adoptadas en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° serán comunicadas a los Organismos Supervisores y publicadas en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º.- La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Dr. Ernesto E. Arroyo Ing. José H. Orbaiceta Dr. Marcelo O. Collomb.
Vocal Vocal Presidente
C.P. Víctor Raúl Rossetti Lic. Eduardo H. Fontenla. Dr. Roberto E. Bermúdez.
Vocal Vocal Vocal
ANEXO I
1- Los proyectos de resolución en los que se disponga la instrucción de sumario en los términos previstos en el Artículo 3° serán elaborados por la Gerencia de Registro y Legislación, y en ellos: a) se dejará constancia que el proceso sumarial se realiza por incumplimiento, según corresponda, a lo establecido en las Resoluciones N° 1418/03 (T.O. Res. 2316/15), 7207/12 (T.O. Res. 371/13), 1481/09 (y su modificatoria N° 7536/12), y en su caso, en las Resoluciones N° 5586/12, 5587/12, 5588/12, 5450/14 y 3371/09; b) (Inc. derogado por Resolución N° 2903/2017 del INAES)
2- El sumario tramitará de acuerdo al siguiente procedimiento:
a- la notificación se practicará al domicilio legal, excepto cuando las verificaciones encomendadas no hayan podido efectuarse por no haberse encontrado la entidad en dicho domicilio, en cuyo caso se la emplazará por edicto, el que se publicará por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Nación. Este se efectuará en forma condensada, de manera tal de notificar mediante un solo edicto a diversas entidades, dada la homogeneidad de la materia de que se trata. La notificación la efectuará el área de despacho de la Gerencia de Administración y Finanzas.
b- Sólo se admitirá la presentación de prueba documental relacionada a la operatoria del servicio cuya regularidad se discute.
3- Presentado el descargo por la entidad o vencido el plazo para hacerlo, el instructor sumariante emitirá un informe final, en el cual se expedirá, de corresponder, sobre la presentación que pudiere haberse efectuado, la procedencia y valoración de la prueba aportada, y aconsejará las medidas a adoptar; las que pueden consistir en una multa o en la revocación de la autorización y/o de la aprobación del reglamento para la prestación del servicio de crédito, ayuda económica mutual y/o gestión de préstamos. De considerarse que no debe aplicarse sanción alguna, por haber demostrado la sumariada la regularización de su funcionamiento, se procederá al levantamiento de las medidas y acciones preventivas que dieran origen al sumario.
4- El informe que concluya el sumario será conformado por el Gerente de Intervenciones e Infracciones y se remitirá el expediente a la Gerencia de Registro y Legislación con el objeto que el servicio jurídico permanente tome la intervención contemplada en el artículo 7° inciso d) de la Ley N° 19.549. Producirá dictamen, proyectará el correspondiente acto administrativo y elevará las actuaciones a la Coordinación Técnica del Directorio para su tratamiento por el Directorio.
5- Adicionalmente, si de la investigación sumaria surgen indicios claros del apartamiento, mediante su operatoria, de la figura jurídica cooperativa y mutual, podrá sugerirse, sin perjuicio de la medida aplicada, la apertura de nuevas actuaciones sumariales en los términos de la Resolución N° 3098/08 a fin de evaluar, mediante dicho proceso, si corresponde la aplicación de la sanción contemplada en los artículos 101 inciso 3° de la Ley 20.337 o 35 inciso d) de la Ley 20.321, consistente en el retiro de la autorización para funcionar.
6- Se aplicarán de manera supletoria y en todo cuanto no se encuentre previsto en esta resolución, las disposiciones de la Resolución N° 3098/08.
Una vez dictado el acto administrativo, se remitirán las actuaciones a la Secretaría de Contralor a fin de designar al instructor sumariante. (Inc. incorporado por Resolución N° 2903/2017 del INAES)